La cárcel de máxima seguridad de Combita en Boyacá fue inaugurada en 2002, tiene una capacidad para 1600 reclusos que son custodiados por guardias del INPEC, así como por miembros del Ejército y la Policía Nacional. Está ubicada junto a la cárcel de mediana seguridad de El Barne, en el mismo municipio. El funcionamiento de estos centros penitenciarios presentan hacinamiento con más de 3000 internos además de la inseguridad y problemáticas sociales que acarrea, hay una enorme afectación que incluso altera la comunicación de los residentes a causa de la presencia de equipos que bloquean la señal de los celulares y se han convertido en la primera causa de contaminación sobre el sector de la Represa de la Playa

Dicho lugar se posa entre las veredas Río de Piedras, Resguardo y Aguablanca en Tuta (Boyacá). Ahí la incursión de reos de alta peligrosidad ha producido un enorme daño socio-ambiental, desde el desplazamiento de sus bandas criminales hacia ese sector para seguir delinquiendo y que se evidencia en el incremento de la delincuencia y el aumento de venta y consumo de drogas en adolescentes y estudiantes de los colegios del sector, quienes generan una ola viciosa que ocasiona deserción escolar y violencia intrafamiliar.  De igual forma, hay un incremento de robos de animales hasta desocupar las viviendas de los campesinos. También aumentó la prostitución, pues manipulan a mujeres y niñas por poco de dinero para que vendan su cuerpo. Las frecuentes quejas y denuncias de la comunidad no se han hecho esperar, y aunque existe un seguimiento por parte de las autoridades competentes.

La represa de la Playa fue construida por el INCORA en 1966 como laguna de oxidación de los ríos Chulo y  la Vega.  Inicialmente, su función principal era controlar las inundaciones y servir de soporte en épocas de sequía, lastimosamente el espejo de agua se ha convertido en un pozo séptico. El embalse recoge vertimientos de las aguas residuales de los municipios de Tunja, Oicatá, Combita y desde luego de las penitenciarías de alta y mediana seguridad de Combita. Su deterioro se evidencia en el aumento excesivo de plantas de buchón de agua por la fuerte carga orgánica presente en el agua, lo que genera olores fétidos, invasión de plagas y enfermedades de tipo respiratorias, digestivas y tópicas en los vecinos del sector. El impacto ambiental es significativo ya que por ejemplo la proliferación de zancudos ataca al ganado y a las personas, ocasionando graves lesiones en ellos. Roedores y serpientes se posan en las orillas de los caminos y ya hacen parte del paisaje de la zona.

Las aguas de desecho dispuestas en una corriente superficial de la reserva sin ningún tratamiento, ocasionan graves inconvenientes de contaminación que afectan la flora y la fauna de los ecosistemas. Esas aguas residuales, antes de ser vertidas deberían recibir un tratamiento adecuado, capaz de modificar sus condiciones físicas, químicas y microbiológicas, para evitar que su disposición cause los problemas antes mencionados e incluso al punto de poder tener un uso posterior. (Rodríguez, H, Las aguas  residuales y sus efectos contaminantes).

Años atrás se le adjudico a USOCHICAMOCHA el mantenimiento de este lugar, como operador, ellos han incumplido el contrato lo cual deja ver su notable desentendimiento desinterés y abandono. Mientras tanto, los habitantes de la zona ponen el ganado a comer el Buchón y a beber el agua de esta laguna, lo que ocasiona acidez en la producción lechera, y malformación en los vacunos como apariciones de nódulos cancerosos en las extremidades de los animales, de igual forma también hay alteraciones anatómicas en peces. También, al utilizar el agua para regar los cultivos especialmente de fresa generan infecciones bacterianas y gastrointestinales en los consumidores, según comentan Adriana González directora de la Umata en Tuta y José Ángel Camargo presidente Asoproagros, quienes se basan en un estudio de la UPTC Tunja publicado en la Revista Salud Historia y Sanidad. Frente a este panorama se afirma que CORPOBOYACÁ no ejerció el control pertinente sobre esta entidad y sobre las áreas del embalse.

Otro tipo de afectaciones son los generados son los malos olores como consecuencia de las sustancias que ahí se vierten y los compuestos provenientes de estas materias, concretamente por el desdoblamiento anaeróbico de sus complejos orgánicos que generan gases resultados de la descomposición. También, hay una acción tóxica ya que muchos de los compuestos minerales y orgánicos que contienen esas aguas residuales provocan alteraciones en la flora y fauna natural de los cuerpos receptores y sobre los consumidores que utilizan estas aguas. Con esto se facilita la transmisión de  enfermedades y se convierten en peligro para las comunidades expuestas. El riego de plantas alimenticias con estas aguas ha motivado epidemias de amebiasis. Sobre el paisaje la modificación de la apariencia física es notable,  hay una modificación estética en áreas recreativas donde se descargan efluentes contaminados, en lugares que antes eran utilizados para realizar caminatas o paseos de olla.

En la resolución 0221 del 23 de febrero de  2006, se ordena a USOCHICAMOCHA y a INCODER O ADR para este momento, pagar el 50% del monto total que acarrea la limpieza de este embalse, el otro 50% le corresponde asumirlo al municipio de Tunja por el indebido vertimiento de aguas servidas de la ciudad; al INPEC se le adjudica la responsabilidad de realizar medidas de limpieza  y tratamiento a las orillas afectadas por la implementación de criaderos de cerdos. Pero con gran tristeza estas entidades no han cumplido dicha orden. Al incumplir la resolución de limpieza y descontaminación,  ha avanzado y se ha agudizado la problemática ambiental  con un crecimiento desmedido  afectando a la comunidad, más cuando el clima llega con sus variaciones, como los fuertes aguaceros o los inclementes soles.  Recientemente, el Procurador ambiental y agrario sanciono económica y ambientalmente al INPEC por ser el responsable del actual y mayor índice de contaminación de dicho lugar, por la implementación de porquerizas en las orillas de la represa y la sobrepoblación de los establecimientos penitenciarios,  además notificó a las alcaldías implicadas (Tunja, Combita, Oicatá), a la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA, al Distrito de Riego del Alto Chicamocha USOCHICAMOCHA, a la Agencia de Desarrollo Rural ADR, a la Gobernación de Boyacá, al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC y al afectado Municipio de Tuta y su comunidad, para que se hicieran presente el 22 de mayo de 2019 a las 8:00 am en inmediaciones de dicho embalse con el fin de llegar a un acuerdo que logre descontaminar este lugar.

 A dicha reunión asistió un representante de cada entidad, el Alcalde y equipo del concejo municipal de Tuta y su personera junto a más de 200 habitantes del sector, afectados por esta problemática, algunos testimonios encrudecen la realidad que viven los habitantes que residen a los alrededores de la Represa o Embalse.

Luego de la reunión mencionada en el sector afectado, los representantes de las entidades involucradas firmaron un acta de compromiso en instalaciones del concejo municipal de Tuta y en presencia de la comunidad con el fin de seguir examinando la manera más apropiada para descontaminar el embalse y cumplir con la multa ambiental y económica asignada correspondientemente por el procurador ambiental y agrario.

En conclusión la falta de aplicabilidad de la legislación y el descuido de las autoridades en este caso en particular ha creado un abismo que impide que se proteja de manera efectiva el medio ambiente. La sociedad al ver estas situaciones de abandono de la ley sigue haciendo un daño que será irreparable. También, se ignoran derechos fundamentales, como el derecho a un ambiente sano que poseen todos los seres humanos.  Esta garantía es violada con un descaro como tal, que las instituciones y corporaciones se hacen las de los oídos sordos, apropiándose de los recursos sin efectuar medidas de mitigación ambiental, o sin realizar los procesos adecuados para el tratamiento de los residuos, el deber de los ciudadanos es actuar en cumplimiento y fortalecimiento de un sistema legal que esta no se cumple y respeta o que en otros casos se ha hecho a la medida de las personas que se lucran con estas omisiones.

 El bienestar de las comunidades se ve enormemente afectado, por eso es vital avanzar en alternativas para esa población afectada.