La Regulación de la Unión Europea contra la Deforestación (EUDR, por sus siglas en inglés) es una normativa que busca garantizar que determinados productos agrícolas y forestales que se comercializan en el mercado europeo no estén asociados a procesos de deforestación ni de degradación de bosques. La norma entró en vigor en junio de 2023 y será de obligatorio cumplimiento para las grandes empresas a partir del 30 de diciembre de 2025, y para micro, pequeñas y medianas empresas desde el 30 de junio de 2026.

La medida se genera porque la Unión Europea importa y consume cerca de una tercera parte de la producción mundial de siete productos clave: café, cacao, palma, carne, soya, caucho y madera. Este nivel de consumo la convierte en un actor indirectamente responsable de la deforestación global, especialmente en regiones productoras de América Latina, África y Asia. Con la EUDR, la Unión Europea busca asumir un rol activo en la reducción de este impacto y exigir cadenas de suministro más sostenibles.

Entre sus principales obligaciones se destacan tres elementos fundamentales. En primer lugar, los productos deben ser libres de deforestación, es decir, no pueden provenir de tierras que hayan sido deforestadas después del 31 de diciembre de 2020. En segundo lugar, deben cumplir con la legislación del país de origen, lo que incluye regulaciones sobre uso del suelo, derechos de tenencia de la tierra y normativa ambiental (Te puede interesar Visiprast: la herramienta que ayuda a los caficultores a cumplir con la EUDR). Finalmente, los operadores deben presentar una declaración de debida diligencia, que consiste en recopilar y reportar información detallada sobre la geolocalización de los predios, las especies cultivadas, los volúmenes producidos y las medidas tomadas para evaluar y mitigar riesgos.

La regulación también establece una clasificación por niveles de riesgo para los países de origen de los productos: bajo, estándar o alto. Esta categorización depende de los niveles de deforestación, la efectividad de sus políticas y el cumplimiento de estándares ambientales. Colombia fue clasificada como país de riesgo estándar, lo que significa que sus exportadores deben cumplir con la totalidad de las obligaciones de la EUDR, incluyendo la presentación de información detallada y verificable sobre sus predios y cadenas de suministro.

Los responsables directos del cumplimiento son los denominados operadores (quienes colocan los productos por primera vez en el mercado europeo o los exportan desde la UE) y los comerciantes o traders (quienes los distribuyen dentro de la Unión una vez ya están en el mercado). Ambos tienen deberes específicos de trazabilidad, conservación de documentos y cooperación con las autoridades competentes.

La EUDR representa, por tanto, un reto y una oportunidad. Un reto porque demanda a los países productores —como Colombia— adoptar mecanismos sólidos de trazabilidad, transparencia y debida diligencia. Pero también una oportunidad, al permitir que los productos que cumplen con estas exigencias se posicionen mejor en mercados internacionales que valoran la sostenibilidad y el comercio responsable.