En los consejos comunitarios de Acapa y Bajo Mira y Frontera, en Nariño, las comunidades están cuidando porciones de zonas boscosas, emitiendo bonos de carbono y, con ese dinero, financiando cultivos de cacao y coco para buscar ingresos adicionales que las alejen de la ilegalidad y de la tala de los bosques. Una iniciativa que propende por la cero deforestación.

Mercy Dalila España es a los bosques lo que los bosques son para la vida. En Nariño, muy cerca de la frontera con Ecuador, en medio de tensiones múltiples y muchas veces violentas, esta mujer aparece como uno de los tantos líderes y redentores de la región que hoy promueven la conservación de este rincón biodiverso dominado por el agua y los árboles. “La selva, el bosque y el territorio son un todo, son la fuente que nos provee alimento y recursos para nuestras familias”, explica.

Y basada en esa premisa que hoy cobra todo el sentido, porque se repite en tiempos en los que el cambio climático y la deforestación hacen estragos, Mercy es una de los rostros de una labor que está inspirando a muchos a preservar el entorno de esas amenazas, sin olvidar la calidad de vida de las comunidades.

Ella, ingeniera agroforestal y especializada en gerencia social, cuenta que se trata de un trabajo comunitario para la Reducción de Emisiones de gases de efecto invernadero debidas a la Deforestación y Degradación de los bosques (REDD+), que incluye el incremento de las capturas de dióxido de carbono a través de la conservación de 58.212 hectáreas de flora regional en dos consejos comunitarios: Bajo Mira y Frontera y Acapa, situados en los municipios de Tumaco y Francisco Pizarro.

Allí, las comunidades están logrando que su empeño por cuidar los bosques se transforme en una fuente de ingresos. Y esto último lo consiguen porque al frenar la destrucción de las florestas, evitan la emisión de miles de toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera (uno de los gases de efecto invernadero que impulsa el cambio climático), y con esto convierten esas emisiones evitadas en bonos que pueden vender a empresas interesadas en compensar o bajar a cero su contaminación por el uso de combustibles fósiles.

Este empeño, que propende por la deforestación cero, se alinea con los propósitos que está impulsando la Alianza por los Bosques Tropicales (TFA), y surge como parte de BIOREDD+, un programa financiado por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo (USAID), y en el que participan principalmente Fondo Acción y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo, cobijando simultáneamente a otros 17 consejos comunitarios en Valle y Chocó.  

Bajo Mira y Frontera y Acapa ya hicieron la primera venta de bonos y, como consecuencia de esa transacción,  las familias involucradas, que son 1.800, diseñaron un plan para distribuir esos ingresos en diferentes prioridades que las lleven poco  a poco a mejorar su calidad de vida.

“Así mismo, hemos creado cadenas de valor para cultivos de cacao y coco (se desarrollan en 1800 y 1200 hectáreas, respectivamente), que son iniciativas productivas derivadas del proyecto. Es decir, con los ingresos que adquirimos al preservar los bosques, financiamos la producción de ambos productos y buscamos sus respectivos canales de comercialización”, explica Mercy.

Hoy ya están vendiendo coco en fruta y cacao en grano en Medellín, Manizales y otros mercados a nivel nacional. Dice ella que “esta alternativa de producción y de manejo de los recursos naturales podría replicarse en muchas regiones del país”. Porque familias que han vivido históricamente de la madera, tanto de su comercio ilegal como de su uso poco sostenible, están encontrando  una alternativa legal con ventas y canales comerciales asegurados, que les están permitiendo abandonar todas esas actividades que impactan el medio ambiente.

“Poco a poco —opina— hemos podido entender y conocer mejor nuestro territorio; ahora tenemos claro cuál es el futuro que se merece y hemos podido adquirir un compromiso de sostenibilidad para nosotros y las nuevas generaciones”. *