El 25 de octubre de 2019, el Gobierno Nacional renovó la resolución 000350 de 2019, del Ministerio de Agricultura[1]. La resolución consiste en establecer cuotas globales de pesca de diferentes especies bajo el aprovechamiento para el año 2020, permitiéndose capturar en el mar Caribe:

La polémica se centra en las cantidades de aprovechamiento de tiburón y sus especies, debido a que su sumatoria entre cantidades permitidas entre el océano pacífico y mar Caribe son 475 toneladas, de las cuales se incluyen las 15,1 toneladas de aletas de tiburón.

Cabe aclarar que la práctica del “aleteo”, consiste en cortar el 100% de la aleta y botar el tiburón al fondo del mar. Esta acción es prohibida por la Resolución 1743 de 2017[2], y constituye un delito en el Código Penal. Sin embargo, para poder comercializar las aletas, el pescador tiene que llegar con el tiburón hasta las costas con un corte de hasta 75% de la aleta como máximo, para no considerarlo aleteo, excepto San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que no se permite siquiera estas acciones.

El debate se centra en lo ético y de conservación, puesto que igual existe un maltrato animal y un aprovechamiento comercial de los subproductos del tiburón, sin discriminar el estado de amenaza de la especie, solamente se tiene en cuenta si esta en lista CITES (comercialización de especies a otros países).

Respecto a las especies nombradas en la resolución, incluyen tiburones en la lista roja de Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza ( UICN por sus siglas en inglés), por ejemplo, Carcharhinus falciformisestá clasificado como especie CASI AMENAZADA[3]; Alopias pelagicusestá clasificado como VULNERABLE, con tendencia a decrecer[4]; Alopias supercilliosusestá clasificada como VULNERABLE, con tendencia a decrecer[5]; Sphyrna corona está clasificada como CASI AMENAZADO, con tendencia poblacional desconocida[6].

Científicos y líderes ambientales entraron en debate en redes sociales enfocado a la resolución. Dos ejemplos citados son: Germán Andrade (@GIAndradeP) propone un debate para tocar 1. Las bases científicas discutibles por el cual se toman las medidas; 2. La contradicción con otros acuerdos; 3. Las medidas no deben ser una medida de gobierno sino de Estado; 4. Legalidad e institucionalidad no estarían en cuestión; 5. Abrir un debate del papel del Ministerio de Agricultura en pesca silvestre; 6. ¿hay capacidad para ejercer control en todo el territorio marítimo colombiano?; 7. Cambia la valoración social de la naturaleza; 8. El aleteo no es aceptable y aprovechamiento no es aceptable, así fuera de manera sostenible. Brigitte LG Baptiste (@Brigittelgb) expresa que el aleteo y este aprovechamiento no se debe hacer de ninguna manera y los datos deben ser robustos.

Estas resoluciones reflejan los errores de la normatividad y la gobernanza de recursos naturales en el territorio colombiano, puesto que la pesca artesanal e industrial no debería estar a cargo del Ministerio de Agricultura, sino del Ministerio de Medio Ambiente. Esta práctica es igual a la cacería, pero marítima, por tanto, el pescador es un cazador que va de faena al mar a encontrar algún pez que pueda capturar. En ocasiones no discrimina especies, y otras veces van por una especie en particular, pero un pescador no cría y no controla su producción de forma silvestre. Además, de que se promociona la pesca de especies que están en estado vulnerable y casi amenazado, por tanto, es una actividad parecida de ir al monte y cazar un mamífero en peligro de extinción.