El 15 de septiembre se realizó el Evento de socialización: Experiencia Accountability Framework Initiative –AFI- en Colombia, estudio de caso, el cual fue organizado por Tropical Forest Alliance, WWF y ONF Andina, bajo el apoyo de Swiss Confederation y Forest People Programme.

El objetivo del evento fue presentar las experiencias brindadas por las empresas y organizaciones que se acoplaron a esta hoja de ruta para acelerar el avance y mejorar la rendición de cuentas de los compromisos de las compañías y sus cadenas éticas (ver https://sociedadsostenible.co/afi-una-herramienta-para-promover-la-proteccion-de-ecosistemas-naturales-y-derechos-humanos/).

Vamos a presentar tres artículos, correspondiente a este evento, debido a los insumos valiosos que han aportado cada uno de los participantes. En este contexto, se describe la implementación del AFI al contexto normativo colombiano y mundial, ya que, al ser una hoja de ruta internacional, tiene que haber un aterrizaje a estas legislaciones y Forest People Programm se comprometió a desarrollarlo y lo expuso en este evento arrojando los siguientes resultados:

  1. Los principios de AFI están articulados con los principios rectores de la ONU sobre empresas y Derechos Humanos, por ejemplo, las empresas deben proteger los derechos humanos y remediarlos, en caso dado que se hayan violado.
  2. Está articulado con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el cual especifica que “es ampliamente aceptado que el respeto de los derechos humanos es una norma de conducta mundial aplicable a todas las empresas en todas las situaciones, independientemente de la existencia de normas nacionales que la concreticen y de las obligaciones internacionales de los Estados en esta materia”, por tanto, se hace énfasis en identificar los patrones de agresión a derechos humanos a indígenas, defensores, líderes comunitarios, afrodescendientes, campesinos y operadores de justicia.
  3. AFI posee fuentes elementales para proteger los derechos humanos en el contexto colombiano como los documentos llamados “principios fundamentales”, “Guía Operativa sobre Consentimiento Libre, Previo e Informado”, “Operational Guidance on Respecting the Rights of Indigenous Peoples and Local Communities”, “Operational Guidance on the Relationship Between Voluntary Commitments and Applicable Law”.
  4. Los derechos que más se centra esta hoja de ruta son los derechos de defensores y defensoras de los derechos humanos, derechos al medio ambiente, derechos de los pueblos indígenas y comunidades locales y derechos laborales. Esto refleja que las empresas deben respetar y proteger la propiedad, cultura, autogobierno, participación efectiva, consentimiento, ambiente sano, no discriminación y acceso a recurso efectivo para remediar.
  5. AFI presenta la hoja de ruta respecto a este tipo de contextos y dimensiones sociales, permitiendo a la empresa tener clara sus acciones para velar por el cumplimiento de los derechos humanos dictados en lo internacional y nacional. Por ejemplo, la identificación de riesgos pasados, presente y futuros considerando una evaluación social de línea base, estudios sobre tenencia y uso de la tierra, evaluación de impacto ambiental y social, evaluaciones de alto valor de conservación y altas reservas de carbono. Estos estudios deben hacer antes de la adquisición de la tierra o uso de recursos naturales y que sean participativos y validados con las comunidades.
  6. Las responsabilidades frente a estos derechos humanos en la cadena de valor, debe ser las empresas directamente implicadas o cercanas a la producción, sin embargo, cada actor de la cadena debe comprometerse a respetar estos derechos, incluyendo los compradores quienes deberían tener un plan interno que cubra su proveedor al momento de cumplir o violar las normas.

Respecto al marco normativo colombiano, Forest People Programm expuso los siguientes insumos:

  1. Altos niveles de conflictos ambientales y territoriales del pasado y presente, en diferentes zonas del país, incluso, muchos están sin resolver.
  2. Desde 2014 Colombia es uno de los países con mayores índices de desigualdad por su conflicto armado interno.
  3. Colombia es el país más peligroso del mundo para defensores y defensoras del medio ambiente y la biodiversidad.
  4. Hay brechas de discrepancias entre el marco jurídico y las prácticas nacionales, además de las normas internacionales aplicables a Colombia, que se mencionaron anteriormente. Por ejemplo, la Corte Constitucional en la Sentencia Unificadora SU-123/2018 dicta que a pesar del certificado expedido por Ministerio del Interior expresando que no hay comunidades indígenas ni tribales, no los exime de realizar consulta previa que acredite la afectación directa a un pueblo étnico.
  5. La Universidad del Rosario ha identificado 250 conflictos ambientales en el 2019.
  6. La alta informalidad de las tierras en Colombia llega a un 60% en la que campesinos no tiene títulos, y en otras ocasiones hay una falta de reconocimiento formal de territorios colectivos tanto para indígenas como para afordescendientes.
  7. La Contraloría identificó entre 1980 y julio de 2014 el despojo por conflicto armado en 6,6 millones de hectáreas (12,9% de superficie agropecuaria).
  8. En junio de 2020 94% de las solicitudes de restitución de tierras no han sido resueltas, según forjando futuros.

En conclusión, AFI brinda la oportunidad a las empresas de revisar y ajustar sus políticas y prácticas empresariales con miras a mejorar la capacidad de lograr el respecto efectivo de los derechos humano en su cadena de valor. Además, se requiere una revisión detallada de los instrumentos o guías que ofrece AFI y un proceso integral de ajustes. Finalmente, se necesita una socialización y capacitación técnica en cada uno de los principios de AFI, para que las empresas vinculadas a cadenas de valor en Colombia presten atención a las acciones requeridas, y así respetar los derechos colectivos.