Fue planeado para la regulación de sales del río Chicamocha y amortiguación de sistemas corrientes en épocas de lluvias, ha sido caracterizado en estudios exploratorios realizados por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación FAO (1993); con fines de potencialidad agroalimentaria en países en vía de desarrollo.

Pero este proyecto presento afeccionesen las comunidades como: aguas negras se juntan con este recurso hídrico, propagando un daño a la salud pública no solo en el municipio de Toca  sino tambien a Siachoque, Tuta, Sotaquira, Paipa, Duitama, Nobsa y Firavitoba por recibir agua de este embalse y ríos; la muerte de cuarenta personas, causadas por ahogamiento, ya que este lugar no existen medidas preventivas o personas que vigilen y controlen la zona. Por otro lado el daño de inundación en 880 hectáreas más productivas de esta región, acción que llevo a que la economía cayera y afectara a los campesinos y agricultores; en agosto del 2015 llegaron funcionarios del Incoder, realizaron reuniones, socializaron el proyecto de ampliación del embalse y les impusieron el pago por sus fincas ubicados en la vereda Leonera, que hasta la fecha no han sido pagados a las personas pertenecientes.

Pero uno de los problemas que tienen mayor afectación en los habitantes del municipio de Toca, es la vulneración de los derechos colectivos al goce de un ambiente sano, la moralidad administrativa, la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, defensa de los bienes de uso público y defensa del patrimonio público, lo anterior expuesto al tribunal administrativo de Boyacá en el año 2014, por el señor José Amado López oriundo del municipio, a Corpoboyacá para defender los derechos de los campesinos que habitan alrededor del Embalse de la Copa, explicó que interpuso este recurso porque a este lugar llegan las aguas negras, hecho  conllevó a que se propagaran las enfermedades y daños causados a los campesinos y sus actividades agrícolas y por no tener control en la contaminación de las aguas de la represa y los ríos Cormechoque, Toca y Chorrera; a lo cual el tribunal le asigno a Corpoboyacá cumplir con:

1. Que dentro del mes siguiente a la ejecutoria de la presente providencia, realice la visita a la represa la Copa, y emita el informe técnico respectivo en el que se identifique cuáles son los agentes contaminantes que lo genera y de qué tipo de actividades derivan y determine cuáles son las medidas a adoptar por parte de quienes tienen a cargo las actividades de las que provienen los agentes y sustancias que contaminan la represa.
2. Cumplido con lo anterior, dentro del mes siguiente deberá iniciar el procedimiento sancionatorio ambiental en contra de las personas a cargo de las actividades de las que derivan los agentes contaminantes de la represa, ordenando las medidas cautelares que resulten pertinentes para evitar la amenaza o mitigar el daño generado a la calidad del agua de la represa; en todo caso, en un plazo de 6 meses siguientes a la apertura del trámite sancionatorio ambiental, deberá emitirse la decisión definitiva dentro del mismo, en la que se resuelva si debe imponerse o no alguna sanción ambiental a quienes se investiga, ordenando en todo caso, a quienes con la infracción de las normas ambientales, hayan afectado la faja paralela a la fuente hídrica mencionada y su área de protección o conservación aferente -definida por CORPOBOYACÁ-, procedan a realizar la restauración paisajística de dicha zona, que después de cinco años no han sido cumplidas por la entidad.

El 27 de noviembre del 2018 se adelantó el comité de verificación, donde La Defensoría del Pueblo y la Procuraduría concluyeron que el 90 por ciento de las actividades socio-ambientales en la Represa La Copa, contenidas en un fallo del Consejo de Estado de marzo de 2015, están paralizadas porque el Ministerio de Agricultura  no ha realizado la adquisición de los predios para la ampliación de la misma represa y de paso salvaguardar los derechos colectivos de los ciudadanos que viven alrededor de la misma.

Se han venido realizando audiencias de verificación a los compromisos adquiridos por el Ministerio de Agricultura y la entidad Corpoboyacá, pero aún no se han realizado acciones concretas para resarcir el daño de las personas que espera el pago de sus terrenos y mitiguen la contaminación en la vereda de Leonera.