Por: Camila Lemos Ortíz
El Acuerdo regional sobre acceso a la Información Participación y Justicia en asuntos ambientales para América Latina y el Caribe, también llamado Acuerdo de Escazú, es el primer acuerdo ambiental regional de América Latina y el Caribe. Surge con la necesidad de desarrollar el principio 10 de la Declaración de Río de 1992, este principio reconoció la importancia de los derechos procesales para la garantía de un medio ambiente saludable y la construcción de gobernanza ambiental. Además, el primer instrumento vinculante en el mundo que reconoce el rol de las personas defensoras del ambiente, este exhorta a los Estados parte a prevenir, investigar y sancionar en caso de agresiones contra los defensores ambientales. Asimismo, se fundamenta en garantizar acceso a la justicia, acceso a la información y a la participación de las comunidades, los defensores ambientales y población general que esté interesada en la protección del medio ambiente.
En América Latina los países que impulsaron mayor fuerza el tratado fueron Chile y Costa Rica, los países que plantearon estándares menos garantistas durante la negociación fueron México y Colombia. Y, el Acuerdo de Escazú fue ratificado por: Argentina, México, Guyana, Uruguay, Bolivia, San Vicente y las Granadinas, Saint Kitts y Nevis, Antigua y Barbuda, Nicaragua, Panamá, Ecuador, y Santa Lucía.
En cuanto a Colombia, el Representante Permanente de Colombia ante Naciones Unidas, Guillermo Fernández de Soto, en diciembre de 2019, firmó el Acuerdo regional sobre acceso a la Información Participación y Justicia en asuntos ambientales para América Latina y el Caribe, también llamado Acuerdo de Escazú. Al término de la ceremonia en Nueva York Fernández aseveró: «la firma de este instrumento ratifica el indeclinable compromiso del presidente Duque con la promoción de los derechos humanos y la protección del medio ambiente. Asimismo, marca un hito histórico para el cumplimiento de Colombia de los objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.”
Sin embargo, después de tres intentos, el Congreso colombiano dejó hundir la ratificación del instrumento ambiental más importante de la región. Se esperaba que el 19 de junio del año presente se realizara el debate en el Congreso de la República. Pero los grandes opositores a la ratificación han sido el partido Centro Democrático y gremios importantes del país quienes han argumentado que el Acuerdo representa un riesgo grave para los intereses de algunas economías del país.
La firma del tratado expresa la intención del Estado de poner en marcha procedimientos requeridos en su derecho interno. En todo caso, es solo mediante la ratificación que el Estado hace constar su consentimiento de obligarse por el tratado. Es decir, solo cuando hay ratificación la violación de una obligación internacional atrae responsabilidad internacional para el Estado.
Es por eso que nos preguntamos ¿qué está en juego con esta evasiva de ciertos gobiernos a dicho tratado? En ese sentido, observamos que las violaciones a los derechos humanos contra los defensores de los derechos humanos ambientales están aumentando en todas las partes del mundo, y especialmente en América Latina y Asia. De hecho, América Latina, al ser una región con gran riqueza de bienes naturales y a la vez objeto de megaproyectos de inversión, se ubica en el primer lugar en las estadísticas de homicidios de defensores ambientales. Según Global Witness Brasil se encuentra en el primer lugar con 49 asesinatos reportados en 2017, seguido de Colombia con 37 asesinatos. La tendencia de estas cifras no disminuye debido a la alta impunidad con quienes atentan contra los bienes ambientales, sumado al poco acceso a la información para las comunidades en quienes recaen los impactos medio ambientales de megaproyectos y la ausencia de espacios efectivos de participación en torno a decisiones medioambientales.
Ahora bien, el acuerdo tiene tres ejes centrales: Acceso a la información ambiental, acceso a la justicia en asuntos ambientales y participación pública en los procesos de toma de decisiones. Los estados que ratificaron este tratado deben generar información que sea de acceso público, la cual debe ser entregada sin requerir justificación. La información debe estar disposición de todos de manera fácil y accesible. También, los Estados deben realizar un informe nacional sobre el estado del medio ambiente por lo menos cada cinco años, así como establecer un registro de agentes contaminantes. En materia de justicia, el Acuerdo establece que los defensores ambientales no necesitan reconocimiento formal y son aquellos que realizan acciones de manera individual o colectiva para promover, defender y proteger los derechos ambientales. El acceso a la información garantizaría una efectiva participación pública, de tal modo el Acuerdo de Escazú insta a los Estados a valorar el conocimiento local y las diferentes visiones y saberes y apoyar a grupos vulnerables para que se incorporen a los mecanismos de participación.
Así pues, estos derechos de acceso constituyen una herramienta para la prevención y la solución de conflictos socioambientales. Y, su vulneración constituye la vulneración a derechos fundamentales reconocidos en algunas constituciones, como por ejemplo en el caso colombiano, donde el acceso a la información además de estar correlacionado con el derecho a la participación es un derecho fundamental. Asimismo, el Estado colombiano reconoció el medio amiente como un bien jurídico constitucionalmente protegido, con dimensión de principio, derecho constitucional y prioridad en los fines del Estado. De tal modo, la no ratificación del tratado por parte de Colombia es alarmante y debería encender las alarmas en la región y en los organismos internacionales que procuran la protección del medio ambiente y sus defensores.
Finalmente, es sabido que la competencia por el acceso a los recursos naturales se está intensificando en un contexto de extrema desigualdad global, mientras cada vez más gente se encuentra en la línea de frente de la batalla para defender su entorno de abusos corporativos o estatales y de una explotación insostenible. Por tal motivo el Acuerdo de Escazú es un instrumento plausible, de gran importancia para la región y la esperanza para enfrentar las acciones violentas que pretender frenar el activismo ambiental.
